Aprobadas la Ley de Ingresos de la Federación para 2009 y las reformas energéticas por una amplia mayoría en el Congreso de la Unión, el comité estatal de Acción Nacional hace un llamado a los partidos ahí representados para que con la misma responsabilidad aprueben de inmediato las iniciativas de ley y reformas propuestas el pasado 30 de septiembre por el presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública.

Hoy cuando se responde a los mexicanos en todos los órdenes —tanto político, económico y social—, es preciso argumentar que la seguridad pública además de pertenecer al orden social, también es fundamental para el manejo de la economía nacional, porque un país seguro es atractivo para los inversores extranjeros y fuente generadora de divisas en el sector turístico, además de permitir el goce de paz social.

El 30 de septiembre pasado el presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados la propuesta de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales.

En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establecen las bases e instancias de coordinación entre la Federación, estados y municipios para que se integren al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con esta ley se propone adoptar un sistema integral de desarrollo policial, ministerial y pericial, para aprovechar al máximo las competencias y capacidades de los servidores públicos que integran las instituciones de seguridad, además de que se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza, para evaluar y certificar a todos los policías.

Asimismo, se establece el Sistema Único de Información Criminal que concentrará todos los datos con que cuenta el Estado sobre la delincuencia, para generar estrategias eficaces a fin de derrotarla; además de que contempla mecanismos de participación ciudadana en la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública.

Las modificaciones al Código Penal Federal buscan prohibir el uso indebido de la información sobre la criminalidad, y se establece como delito el mal uso de los recursos federales destinados a garantizar y fortalecer la seguridad, con el objetivo de poner un alto a la corrupción de las fuerzas del orden.

Las propuestas de reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código General de Procedimientos Penales, buscan hacer efectivo el principio de concurrencia de las autoridades locales y federales en el combate al narcomenudeo, para que las policías locales puedan investigar y perseguir delitos como la posesión, venta y distribución de narcóticos en pequeña escala.

También se propone establecer como graves los delitos de comercialización y suministro de narcóticos en la modalidad de narcomenudeo, y aumentar las penas a quien distribuya droga a menores de edad o en centros educativos.

Como lo afirmó el presidente Felipe Calderón, con estas propuestas se busca aclarar una malentendida división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno que genera una falta de coordinación entre las policías y autoridades de procuración y administración de justicia en todo el país.

De esta forma, unificando su competencia, el combate a la delincuencia organizada permitirá cerrarle espacios de operación y acabar con la impunidad que cobija al crimen y la violencia.